Más de 130 mil contratos laborales suspendidos durante crisis sanitaria por COVID-19

Organizaciones sociales denunciaron que durante la crisis por COVID-19 los derechos laborales de la clase trabajadora no han cesado. Señalan que más de 4 mil personas fueron despedidas durante el periodo de cuarentena, la mayoría jóvenes menores de 29 años. Lamentan la falta de acción por parte del Ministerio de Trabajo para minimizar los impactos de la COVID-19 en el sector laboral.

Organizaciones sociales denunciaron derechos laborales de la clase trabajadora. Foto | ARPAS.

Un balance presentado hoy por organizaciones sociales revela que del 17 de marzo al 20 de julio de este año, 130,226 personas fueron afectadas con suspensión de contratos sin el debido proceso y pago del porcentaje de ley. De éstas, el 54.5% pertenece al sector maquila y el 45.5% a otros sectores.

El documento, además, señala que 364 lugares de trabajo fueron denunciados por vulnerar derechos laborales.

Estos datos son parte de un balance de casos de vulneraciones a derechos laborales en el marco de la pandemia por COVID-19, realizado por la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA) y la Federación de Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES).

Las organizaciones aseguran que se brindaron 5,110 asesorías laborales de las cuales 69.2% fue a mujeres y el 30.8% a hombres. “Un dato alarmante es que el 49.8% corresponde a personas menores de 29 años”, señalaron.

También el balance apunta que 4,418 personas fueron despedidas de manera injustificada sin recibir sus prestaciones de ley, de éstas el 30.8 % son mujeres y el 69.8 % son hombres. Del total, el 79.3 % corresponde a personas trabajadoras jóvenes menores de 29 años.

Durante este período de crisis sanitaria, se contabilizaron 105 directivos sindicales suspendidos, 100 mujeres víctimas de violencia y acoso laboral y 88 personas despedidas por haberse contagiado de COVID-19.

Las organizaciones afirman que muchas personas empleadoras han justificado la suspensión de contratos basándose en los artículos 44 y 45 del Código de Trabajo, que establece que dicha suspensión finalizaría hasta 9 meses o cuando lo que la causó desaparezca. “Mientras tanto no hay pago de salarios y no habría pago retroactivo”, apuntaron.

Otro dato que les preocupa es la reducción de cotizantes y de personas afectadas por el impago de prestaciones por parte de las empresas. Según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, SFF, entre febrero y mayo de 2020 se registró un promedio de 10% de disminución de cotizantes y un total de 73,072 empleos formales afectados por dicho impago. De estos, el 38 % mujeres y 62 % hombres.

El comunicado de las organizaciones afirma que entre febrero y abril de este año se reportan 53,713 empleos afectados por la reducción de la actividad productiva por la cuarentena obligatoria domiciliar, de los cuales el 98% se encuentran en el sector privado y 2% en el público.

“Los sectores económicos que muestran tasas más altas en la disminución de cotizantes son: construcción (-20%); agricultura, caza, silvicultura y pesca (-11%) y personas trabajadoras independientes (-11%). Esta información refleja la vulnerabilidad del derecho a la seguridad social para la población trabajadora”, reza el comunicado.

Ante esta realidad, las organizaciones lamentaron la “falta de una apuesta clara y sostenible” por parte del Ministerio de Trabajo, para mitigar los impactos de la pandemia en el sector laboral, además de la falta de diálogo entre el Estado, patronos y la clase trabajadora.

Por ello, recomendaron al Ministerio de Trabajo fortalecer la tutela de derechos laborales, sobre todo de sectores vulnerables como mujeres, jóvenes, personas trabajadoras independientes, trabajadoras del hogar remunerado, bordadoras a domicilio, colectivo LGTBI, entre otros.

Recientemente, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) proceder contra infractores que “se han quedado con las retenciones legales de los trabajadores”.

Hace unos días, La Asociación Mujeres Transformando contabilizó más de 90 mil personas trabajadoras del sector maquila (entre empleos director e indirectos, como el caso de las bordadoras a domicilio) que se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19, ya sea con la suspensión de contratos o despidos injustificados.

Además, denunció que más de 79 mil personas empleadas de este sector no fueron beneficiarias del bono de $300 dólares que brindó el gobierno en el marco de la emergencia por la pandemia de COVID-19, pese a que la mayoría fueron cesadas de sus empleos.

Fuente: ARPAS.

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