Opinión: Asamblea aprueba Ley de Inclusión a Personas con Discapacidad

Con 72 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, una normativa que sustituirá a la actual Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (LEO), vigente desde el año 2000.

La ley fue aprobada el lunes 22 de junio. Foto | Asociación Los Angelitos San Vicente

El pasado lunes 22 de junio el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual se estuvo discutiendo durante más de un año.

Emilio Espín, Secretario Técnico de la Mesa Municipal del Adulto Mayor en Tecoluca, nos da su opinión sobre la aprobación de dicha ley:

Voz: Emilio Espín

Organizaciones reconocen como un logro para las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, cuestionan una débil perspectiva de género y que se haya establecido incentivos fiscales para empresas. «Aún con todas las imperfecciones que pueda tener, la ley es lo mejor que tenemos», afirman.

La normativa contempla que todas las personas con discapacidad gozan de los derechos consagrados en la Constitución, leyes internas, convenios, tratados e instrumentos internacionales de protección y de derechos humanos.  

Art. 7, Ley de Inclusión

Una de las disposiciones es que el Consejo Nacional de Atención Integral a Personas con Discapacidad (CONAIPD) se convierte en el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (ocupando las mismas siglas), el cual será el ente rector de la Política Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad y de todas aquellas medidas y acciones encaminadas a la garantía de derechos. También será responsable del seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de la misma.

Se crea el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Otro elemento nuevo es que el CONAIPD contará con un Tribunal Sancionador, instancia a la que podrán acudir las personas con discapacidad a interponer denuncias por el incumplimiento de la ley o violación a sus derechos.

Este funcionará de manera permanente e independiente y estará integrado por tres miembros propietarios y suplentes. Las ternas serán propuestas por la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de El Salvador y universidades privadas, y organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Las sanciones se clasifican en: pecuniarias y no pecuniarias -son de tipo económico y podrían ser desde 1 a 9 salarios mínimos-; las infracciones se catalogan en leves, graves y muy graves. El tribunal iniciará funciones después de un año de entrada en vigencia de la Ley.

La Ley de Inclusión también establece que todo cotizante al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) e Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), tendrá derecho a inscribir como beneficiarios de los servicios de salud y suministros de medicamentos a sus familiares con discapacidad que dependan directamente de la persona, hasta con segundo grado de consanguinidad.

Agrega que este sector podrá acceder a una pensión universal diferenciada y se determinará por medio de una evaluación su discapacidad. También se creará un fondo especial exclusivo para la ejecución de proyectos o programas de inclusión.

La Ley de Inclusión también reconoce como la Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA) como lenguaje oficial y natural de las personas sordas. Además permitirá el acceso a créditos, seguros médicos, transporte público accesible, postularse a cargos de elección popular, entre otros.

Lo anterior corresponde al reconocimiento que hace la normativa de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es decir, a ser sujetos de derechos, a ejercerlos y a que el Estado proporcione las condiciones para ese fin.

Se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Este reconocimiento fue uno de los puntos no negociables para las organizaciones sociales que presentaron el primer anteproyecto de ley de Inclusión en el 2015.

Carmen Fabián, de la Mesa Permanente de Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, y quien fue parte de la construcción de la ley junto al equipo técnico de la Comisión de Familia del Parlamento, asegura que reconocer la capacidad jurídica aportará al romper con el estigma y la discriminación que vive este sector.

“Es importante porque salimos de un paradigma que se llama ‘sustitución de la toma de decisiones’. Todo lo que hemos visto en el pasado, en el abordaje de las personas con discapacidad ha sido no preguntarle (a la persona) y tomar las decisiones por ella: tratamientos médicos, esterilización forzada -hay mujeres a quienes ni siquiera les preguntan si quieren o no-, el conformar una familia, contraer matrimonio, entre otros, porque se asume que la persona con discapacidad no puede tomar decisiones”, expresó.

Carmen asegura que, mientras el Estado provea de todos los mecanismos, es posible que cualquier persona con discapacidad puedan ejercer sus derechos con plena conciencia.

“Por ejemplo, una persona con discapacidad quiere casarse, pero se descubre una mala fe de terceros o incluso del cónyugue, el acto queda anulado. Una persona que compró su casa y se descubre una mala fe en esa compra, se da por anulado. Esa es una salvaguarda. La sustitución de derechos será una excepción, lo que se busca es que el Estado garantice todos los apoyos para que, si alguien quiere casarse, que le asesore de manera que la persona haya entendido la decisión que está tomando”, explicó la activista.

Según Fabián, otros puntos no negociables fueron la autonomía del CONAIPD del Ejecutivo, fortalecimiento de presupuestos y la protección social.

Sobre la autonomía del CONAIPD, la activista, quien también es concejal suplente de la institución, asegura que hoy por hoy esta es una entidad descentralizada de Casa Presidencial. Explica que en los últimos 10 años se hicieron importantes avances en cuanto al trabajo que debe realizar el consejo, pero cuestiona que, en el último año, dicho trabajo “se ha ido derrumbando”.

“El consejo no se reúne desde febrero. Es obligación, según el decreto 88 que le da vida al CONAIPD, que se presenten ministros o viceministros y las organizaciones. Este año no ha funcionado y se ha desconfigurado toda la apuesta. No llegan los que toman decisiones, llega gente que no sabemos quiénes son, aunque se presenten, no hay política de inclusión de personas con discapacidad, no hay ni siquiera una postura con la ley que se acaba de aprobar. Comunicacionalmente, es un apéndice de CAPRES”, lamenta Fabián.

Foto | Asociación Los Angelitos San Vicente

El nuevo CONAIPD, plasmado en la Ley de Inclusión, está adscrito al Ministerio de Gobernación.

La Ley reconoce a las personas con discapacidad el derecho de acceso a la justicia, en igualdad de condiciones con las demás y a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte.

También, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología debe garantizar a las personas con discapacidad el derecho a la educación inclusiva en todos los niveles, tanto del sector público como del privado.

Se garantiza, además, el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad en el Sistema Nacional Integrado de Salud de forma cálida, eficaz, gratuita y oportuna.

Uno de los capítulos con los que no estuvieron de acuerdo las organizaciones fue el referente a otorgar incentivos fiscales a quienes inviertan, compren o importe implementos técnicos que para uso personal o un familiar de personas con discapacidad. También sobre preferencias a quienes participen de una licitación pública y cumpla con las cuotas de personal con discapacidad.

Para Carmen Fabián, este capítulo no está pensado para las personas con discapacidad, sino para el sector privado.

“De hecho nos retiramos temporalmente cuando discutieron este capítulo porque no estábamos de acuerdo. Hay un artículo sobre la importación de implementos, pero no todas las personas con discapacidad pueden hacerlo”, señaló.

La Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad ya se encuentra en las manos del Ejecutivo, a la espera de su respectiva sanción.

Foto | Asociación Los Angelitos San Vicente

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